Ministro Pacheco señaló que proyectos de ley impulsarán la instalación de centrales.
Dos proyectos de ley, uno de "ecualización" de tarifas y otro de compensación para las comunas que albergan centrales de generación, fueron los principales anuncios de la presidenta Bachelet en materia energética en su discurso del 21 de mayo.
Si bien ambas iniciativas ya habían sido esbozadas por el ministro de energía, Máximo Pacheco, la autoridad puso ayer "números" a la medida.
En el caso de las cuentas de luz, la iniciativa que se enviará al congreso antes de fines de junio buscará reducir a un máximo de 10% la brecha en las tarifas eléctricas que pagan los clientes regulados, entre ellos los residenciales, a lo largo del país. Hoy, estas diferencias pueden llegar hasta el 80%.
Según señaló Pacheco, esto beneficiará directamente a 80 comunas del país. Esto se hará mediante la modificación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la remuneración que obtienen las empresas que entregan la energía a los hogares y está incluida en la boleta que pagan mensualmente los clientes. "En Chile, el costo de generación ya está ecualizado, y la transmisión también, la única inconsistencia que teníamos en el sistema de tarificación era que en la distribución, el VAD, no estaba ecualizado, y eso lo vamos a hacer por la vía de no permitir que haya ninguna comuna donde se pague más del 10% de lo que se cobra en promedio en el sistema", dijo.
Ejemplificó señalando que, para un mismo consumo (180 KWh mensuales), en Santiago se paga alrededor de $ 17.000, mientras que en Santa Bárbara (VIII Región), la cuenta llega a $ 28.000. Si bien esto significará la baja en precios para el 23% de las 346 comunas del país, en algunas regiones, como la Metropolitana, las tarifas subirían, aunque de forma marginal.
El segundo proyecto irá en beneficios de aquello municipios que albergan en su territorio centrales de generación eléctrica, de cualquier tecnología, los que recibirán un "reconocimiento" en sus tarifas. Aquí habrá 50 comunas beneficiadas, dijo Pacheco, entre ellas Tocopilla, Mejillones, Coronel y Antuco, y lo que se busca es una mayor aceptación social de los proyectos.
"Esto va a ser un impulso a los proyectos de generación eléctrica y espero que esté ya tramitado a fines de año", dijo.
En el sector privado valoraron las medidas anunciadas. "Estimamos que los proyectos tendientes a una mayor equidad tarifaria, tanto para reducir las brechas de tarifa entre los clientes a un máximo de 10% como el premiar con menores tarifas a las zonas que más aportan a la generación, van en la línea correcta.
Obviamente, esperamos conocer los detalles técnicos y metodológicos y poder colaborar constructivamente para la correcta implementación de estas ideas", dijo Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las empresas eléctricas.
En segundo semestre se envía proyecto de institucionalidad en calidad alimentaria
por S. Valdenegro/ K. Peña
Si bien ambas iniciativas ya habían sido esbozadas por el ministro de energía, Máximo Pacheco, la autoridad puso ayer "números" a la medida.
En el caso de las cuentas de luz, la iniciativa que se enviará al congreso antes de fines de junio buscará reducir a un máximo de 10% la brecha en las tarifas eléctricas que pagan los clientes regulados, entre ellos los residenciales, a lo largo del país. Hoy, estas diferencias pueden llegar hasta el 80%.
Según señaló Pacheco, esto beneficiará directamente a 80 comunas del país. Esto se hará mediante la modificación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la remuneración que obtienen las empresas que entregan la energía a los hogares y está incluida en la boleta que pagan mensualmente los clientes. "En Chile, el costo de generación ya está ecualizado, y la transmisión también, la única inconsistencia que teníamos en el sistema de tarificación era que en la distribución, el VAD, no estaba ecualizado, y eso lo vamos a hacer por la vía de no permitir que haya ninguna comuna donde se pague más del 10% de lo que se cobra en promedio en el sistema", dijo.
Ejemplificó señalando que, para un mismo consumo (180 KWh mensuales), en Santiago se paga alrededor de $ 17.000, mientras que en Santa Bárbara (VIII Región), la cuenta llega a $ 28.000. Si bien esto significará la baja en precios para el 23% de las 346 comunas del país, en algunas regiones, como la Metropolitana, las tarifas subirían, aunque de forma marginal.
El segundo proyecto irá en beneficios de aquello municipios que albergan en su territorio centrales de generación eléctrica, de cualquier tecnología, los que recibirán un "reconocimiento" en sus tarifas. Aquí habrá 50 comunas beneficiadas, dijo Pacheco, entre ellas Tocopilla, Mejillones, Coronel y Antuco, y lo que se busca es una mayor aceptación social de los proyectos.
"Esto va a ser un impulso a los proyectos de generación eléctrica y espero que esté ya tramitado a fines de año", dijo.
En el sector privado valoraron las medidas anunciadas. "Estimamos que los proyectos tendientes a una mayor equidad tarifaria, tanto para reducir las brechas de tarifa entre los clientes a un máximo de 10% como el premiar con menores tarifas a las zonas que más aportan a la generación, van en la línea correcta.
Obviamente, esperamos conocer los detalles técnicos y metodológicos y poder colaborar constructivamente para la correcta implementación de estas ideas", dijo Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las empresas eléctricas.
En segundo semestre se envía proyecto de institucionalidad en calidad alimentaria
por S. Valdenegro/ K. Peña
Aumentar la competitividad del sector agrícola fue uno de los principales tópicos que abordó la presidenta Michelle Bachelet en el capítulo económico de su cuenta pública.
En este contexto, la mandataria anunció que en el segundo semestre se enviará al Congreso un proyecto de ley que creará el Sistema y la Agencia de Inocuidad y Calidad Alimentaria.
El ministro de Agricultura, Carlos Furche, explicó que la iniciativa institucionalizará la fiscalización en materia alimentaria, fijando los más altos estándares internacionales en la materia.
"Esto existe, pero no está constituido como servicio público. Hay un programa bajo la administración del Minagri, pero no es un servicio público con atribuciones claras para formular políticas para determinar estándares y para garantizar su cumplimiento tanto para lo que exportamos como para lo que consumimos.
Con esto, se busca dotar a la autoridad pública de capacidad para formular políticas y fiscalizar los estándares que en materia de inocuidad alimentaria debemos garantizarle a los consumidores", dijo.
Asimismo, Furche valoró las señales enviadas por la jefa de Estado al mundo agrícola, ratificando el desafío de duplicar en 10 años las exportaciones de alimentos del país.
"Durante este gobierno se dejarán en proceso de construcción ocho grandes embalses y se van a construir o reponer 25 medianos y pequeños embalses", aseguró el secretario de Estado.
Además, en septiembre el gobierno ingresará el proyecto de ley para regular el trabajo de los trabajadores de temporada para asegurar su protección y calidad del empleo. "Esta es una aspiración largamente demandada por los trabajadores y las empresas del sector", aseguró Furche.
En este contexto, la mandataria anunció que en el segundo semestre se enviará al Congreso un proyecto de ley que creará el Sistema y la Agencia de Inocuidad y Calidad Alimentaria.
El ministro de Agricultura, Carlos Furche, explicó que la iniciativa institucionalizará la fiscalización en materia alimentaria, fijando los más altos estándares internacionales en la materia.
"Esto existe, pero no está constituido como servicio público. Hay un programa bajo la administración del Minagri, pero no es un servicio público con atribuciones claras para formular políticas para determinar estándares y para garantizar su cumplimiento tanto para lo que exportamos como para lo que consumimos.
Con esto, se busca dotar a la autoridad pública de capacidad para formular políticas y fiscalizar los estándares que en materia de inocuidad alimentaria debemos garantizarle a los consumidores", dijo.
Asimismo, Furche valoró las señales enviadas por la jefa de Estado al mundo agrícola, ratificando el desafío de duplicar en 10 años las exportaciones de alimentos del país.
"Durante este gobierno se dejarán en proceso de construcción ocho grandes embalses y se van a construir o reponer 25 medianos y pequeños embalses", aseguró el secretario de Estado.
Además, en septiembre el gobierno ingresará el proyecto de ley para regular el trabajo de los trabajadores de temporada para asegurar su protección y calidad del empleo. "Esta es una aspiración largamente demandada por los trabajadores y las empresas del sector", aseguró Furche.
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